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Este lunes se inició en la Corte Internacional de Justicia de La Haya la ronda de alegatos orales solicitada por Bolivia para pedir a Chile una negociación con el fin de recuperar su salida al mar.

La reivindicación marítima del país andino es un reclamo histórico que se remonta a 1904, momento de la firma del Tratado de Paz tras la Guerra del Pacífico, un texto por el que Chile ocupó los únicos kilómetros de costa bolivianos.

Sin embargo, el presidente de Bolivia, Evo Morales, insistió desde la ciudad holandesa que en realidad lo que exige su país es que se cumpla un supuesto compromiso por parte de Chile. 

A esta petición, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, respondió tajantemente que no existe la posibilidad de sentarse a negociar y que no hay dudas de que el territorio reivindicado es chileno. 

La provincia costera de Antofagasta perteneció a Bolivia desde su independencia hasta la Guerra del Pacífico, lo que se traduce hoy en día en la desilusión de todo un pueblo. Carlos Romero, ministro de gobierno boliviano, explica que "por generaciones (los bolivianos) cargamos una frustración justa de no poder acceder a una playa y no poder desarrollar nuestro comercio."

Por un lado, se trata de una solución pacífica para Bolivia y una negociación

forzada para Chile. La Corte Internacional de Justicia de La Haya podría obligar al gobierno chileno a sentarse a negociar, aunque si así fuera, hay muchas posibilidades de que estas negociaciones no sean fructíferas.

Paz Zárate, experta en Derecho Internacional Público, subraya que "la Corte no puede predeterminar el resultado de esa negociación. Eso fue lo que se dijo en la etapa anterior. Así que, si Bolivia llega a tener un éxito en esta demanda, será solo para establecer que existe una obligación que se ha incumplido."

"Chile sostiene que si las negociaciones no se concluyen con todos los aspectos detallados, no hay acuerdo que se pueda", agrega Zárate.  

Después de dos días de alegaciones por parte de Bolivia, Chile cerrará la fase el próximo 28 de marzo. El fallo de la Corte Internacional de Justicia se espera para finales de 2018.

Entrevistados: Carlos Romero, ministro de gobierno de Bolivia, y Paz Zárate, experta en Derecho Internacional Público de la Universidad de Chile.